Otro trancazo al PPD

19 de octubre de 2012




Rápido “no” de Boston

Con el fallo quedan fuera 330,902 votantes excluidos del registro electoral




La mayoría del panel vio “serios problemas de viabilidad” en el caso.(Archivo)
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Por Yanira Hernández Cabiya/yanira.hernandez@gfrmedia.com



El Primer Circuito de Apelaciones de Boston descartó anoche ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) un proceso especial que permitiera el voto de 330,000 electores puertorriqueños excluidos del registro electoral por entender que existen “serios problemas” para viabilizar ese mecanismo.

La decisión se tomó con el voto a favor de los jueces Kermit Lipiz y Jeffrey Howard y la disidencia del juez boricua Juan R. Torruella.

“La mayoría del panel concluye que serios problemas de viabilidad impiden otorgar el remedio solicitado por los demandantes. Por lo tanto la decisión de la corte de distrito denegando la petición de un interdicto preliminar se afirma”, lee la decisión que bajó anoche cuatro horas después de que las partes presentaran sus últimos memorandos.

“El tribunal reconoció el nivel de incompetencia del juez (Héctor) Conty y la Comisión Estatal de Elecciones y por consiguiente no puede otorgar un remedio a pesar de que hayan violado los derechos de unos ciudadanos al no permitirles votar”, indicó Charlie Rodríguez, abogado de Myrna Colón Marrero, una de las demandantes.

El también representante por el Partido Popular Democrático (PPD) recalcó que el tribunal reconoció el argumento de los demandantes en cuanto a la aplicación en Puerto Rico de la ley federal que prohíbe eximir del voto a electores que opten por no participar en una elección.

“Es una pena para Puerto Rico que la defensa del gobierno sea que es incapaz. La ineptitud no puede ser un arma para atentar contra los derechos ciudadanos”, enfatizó Hernández.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo Ríos dijo sentirse “sumamente contento” con el desenlace del caso.

“Esto reafirma que aquí van a decidir la elección las personas que tienen derecho”, señaló Mundo Ríos.

El planteamiento del PNP era que permitir el voto de estas 330,000 personas abría la posibilidad de fraude, porque permitiría que personas que no viven en la Isla o se mudaron en los pasados tres años y no fueron recusadas por estar fuera de las listas, pudieran con su voto decidir alguna de las contiendas pendientes en esta elección.

El PNP también planteaba que si la ley federal fuera a aplicar en Puerto Rico, impactaría solo la elección del comisionado residente, que es la única posición federal por la que votan los puertorriqueños.

La decisión de Boston se tomó a pesar de que la jueza federal Carmen Consuelo Vargas, quien presidió la vista evidenciaria en San Juan, recomendó el miércoles que se permitiera el voto de acuerdo al plan propuesto por el licenciado Héctor Luis Acevedo, quien sugirió que los electores votaran bajo el método de “añadidos a mano”.

No obstante la jueza advertía que la corte debería ordenar un proceso especial para poder recusar por domicilio el día de las elecciones ya que esa acción está prohibida por el nuevo Código Electoral.

Para poder poner en funciones todo el operativo necesario para garantizar el voto de estos electores, Vargas también advirtió que la decisión de Boston debería producirse hoy mismo.

En su breve escrito los jueces agradecieron la manera detallada y cuidadosa con la que la jueza Vargas presentó los hallazgos de la vista evidenciaria. Esa misma jueza desestimó la petición de interdicto preliminar cuando fue presentada originalmente por las demandantes en septiembre pasado.

La Ley Electoral de Puerto Rico establece que un elector que no participe en una elección general es excluido automáticamente de las listas electorales. El Partido Popular Democrático (PPD) se había unido al pleito que incoaron dos electoras al plantear que esa disposición de la ley es inconstitucional.

Si el foro apelativo hubiera concedido el remedio solicitado por la demandante Colón Marrero, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hubiera tenido un apretado calendario para implantar los cambios necesarios para garantizar el voto de 330,902 electores.

Los abogados de la parte demandada, José Nieto en representación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Adrián Díaz a nombre del partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) y David Indiano por el Partido Nuevo Progresista (PNP), insistieron hasta última hora al tribunal que tal inclusión era imposible por el poco tiempo que resta para las elecciones. Pero, sobre todo, por el riesgo que la inclusión de estos electores representaría para la pureza del proceso eleccionario puertorriqueño.

En un escrito que excedió las 10 páginas que requirió el tribunal, el PNP planteó que, aun cuando la corte quisiera implementar el mecanismo propuesto por Héctor Luis Acevedo, ello no sería posible ante el corto tiempo que habría para implementarlo.

En una comparecencia ante la Asociación de Hospitales, el gobernador y candidato a gobernador por el PNP, Luis Fortuño, cuestionó cómo se garantizaría “que una persona que se mudó en años recientes a Orlando, que votó adelantado en Orlando, como 25% de los electores en Florida van a hacer, no venga acá y vote aquí también”.

“Esa es mi preocupación, que aquí tenemos que hacer las cosas correctamente, con la mayor liberalidad posible, pero hacerlas correctamente y garantizar la pureza del proceso”, reiteró Fortuño en rueda de prensa.

Tanto el PNP como el PPR coincidieron en que, si el tribunal entendía que la Ley Nacional de Registro de Votantes (NAVORA) y la Ley para Ayudar al Voto Americano (HAVA) aplicaban en Puerto Rico, estas se limitarían al cargo de comisionado residente, que es la única contienda federal en la Isla.

Esto implicaría, sin embargo, que el tribunal debería ordenar a la CEE que imprimiera papeletas separadas para estos electores con la contienda de comisionado residente solamente.

En ese sentido, hicieron referencia al testimonio de uno de los ejecutivos de la empresa encargada de imprimir las papeletas, quien dijo que no tiene papel suficiente para imprimir nuevas boletas de votación.

Por su parte, el Partido Popular Democrático (PPD) planteó de forma separada que este caso debía tratarse como se hizo con la Ley federal uniforme para el voto ausente de ciudadanos en el exterior.

El presidente de la CEE, Héctor Conty, dijo en corte que dicho estatuto, que se pondrá en vigor por primera vez en Puerto Rico, permitirá que todos los militares y marinos mercantes domiciliados en la Isla podrán recibir las cuatro papeletas siempre y cuando se hayan inscrito personalmente en una Junta de Inscripción Permanente (JIP).

Federalización

El PPD planteó además que, para garantizar la pureza del proceso y asegurarse de que sus órdenes son cumplidas, el tribunal de apelaciones debía mantener la jurisdicción del caso.

Pero el PNP afirmó que la propuesta de los demandantes, que dejaría en manos del tribunal la elaboración, implantación y monitoreo del remedio que se ordene, sería “federalizar” las elecciones estatales de la Isla.

Tanto el PNP como el PPR cuestionaron la necesidad de entrar en todo el complicado proceso por unas electoras que tuvieron oportunidad de activarse durante los pasados tres años en varias ocasiones y no lo hicieron por voluntad propia.

“Las elecciones en Puerto Rico usualmente se deciden por menos de 50,000 votos. Sus ciudadanos no merecen el riesgo que propende dar este remedio. Menos aún cuando las demandantes no fueron diligentes en conseguir su reclamo”, reza la moción del PNP.

Cuando les conviene son mas boricuas que el coqui... Y cuando les conviene, van a Boston llorando como si tuvieran dolores de parto.