Para quien trabajan los funcionarios nombrados?????

por **Charlie319** Miér Abr 03, 2013 8:46 am

Interesante reporte sobre una situacion que deja al descubierto para quien trabajan los funcionarios de gobierno de ambos partidos. Los cuatrenios van y vienen, pero las corredurias y asesoras de bolsa, esas persisten...

Sin derecho los retirados

Tribunal determina que los jubilados no pueden incoar pleito contra las casas de inversiones que estructuraron las emisiones de bonos

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

La Rama Judicial les dio la espalda a dos jubilados que demandaron a las casas de inversiones que estructuraron y vendieron los bonos de obligaciones de pensiones (Pension Obligation Bonds, POB, en inglés), no porque carecieran de alegatos sino porque, a la luz de las leyes vigentes, estos no tienen capacidad para incoar tal litigio.

La capacidad para demandar, según la decisión de la jueza superior Rebecca de León Ríos, está en la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), cosa que sus directores decidieron no hacer, pese a que había recomendaciones legales para ello, según reveló este diario recientemente.

Según la jueza De León Ríos, tomando por ciertos los hechos “bien alegados” en torno a la violación al deber de fiducia e incumplimiento de contrato por parte de las firmas de inversión –que participaron de los POB– y los directores de la ASR: “La seriedad de las alegaciones de los demandantes sugiere un panorama gravísimo para los pensionados de la ASR y para los actuales empleados gubernamentales”.

“Sin embargo, como hemos visto, la falta de legitimación activa de los demandantes nos priva de jurisdicción para actuar en este caso”, reza la sentencia suscrita el pasado 14 de marzo, en la que se declara ha lugar la petición de desestimación por parte de los demandantes.

De inmediato, Harold Vicente, representante legal de los pensionados Pedro José Nazario y Juanita Sosa Pérez, dijo que apelarán la determinación.

El pasado 29 de septiembre de 2011, el matrimonio Nazario Sosa, a nombre de la ASR, pidió que se les indemnizara con al menos $500 millones en daños. Esto, por entender que las acciones de las casas de inversiones, los asesores, directores y gerenciales vinculados a la ASR en cuanto a la emisión de los POB, fueron contrarias a la ley. Específicamente, en el reclamo se alega que UBS Financial Services y UBS Consulting son parte de una misma empresa y, como consecuencia del contrato de asesoría entre UBS y la ASR, la firma de inversiones debía saber la precaria posición financiera en la que se encontraba la ASR. Empero, promovió la transacción, pese a que se pignoraban (empeñaban) las aportaciones del Gobierno que debían ir al pago de pensiones y se hicieron representaciones “falsas” en torno a la capacidad de emitir unos $7,000 millones con términos que permitieran el pago de los bonos y suficientes rendimientos para la ASR.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Carlos V. Ubiñas, principal oficial ejecutivo de UBS Financial Services of Puerto Rico, negó que los POB fueran ilícitos, que la firma que dirige fuera autora de la transacción y que esta fuera perjudicial a la ASR.

Los demandantes también alegaron “un conflicto de interés insalvable” por parte del actual director de la ASR, Héctor Mayol Kauffman, quien era un alto ejecutivo de la firma Samuel Ramírez & Co. y, como tal, participó activamente en la venta de los POB. Por ello, “en su carácter de administrador de la ASR, se negó a actuar contra la firma para la que trabajaba anteriormente (Ramírez & Co.)”.

Lo mismo habría sucedido con el pasado presidente del BGF y presidente de los síndicos de la ASR, Juan Carlos Batlle quien, trabajando para Grupo Santander, también participó de la venta de los POB.

La demanda también se incoó contra el pasado administrador de la ASR, Juan Cancel Alegría, y otros pasados funcionarios de esa dependencia.

El pasado 6 de marzo, El Nuevo Día reveló diversas minutas de las juntas de directores de la ASR, en las que se les recomendó a los directores del plan de pensiones incoar un litigio por la transacción. Posteriormente, de acuerdo con las minutas, Mayol discutió el alcance de la transacción sin divulgarles a los síndicos su participación previa en la venta de POB, y sostuvo que “no había manera de demostrar” que la controversial emisión fue perjudicial a la ASR.

Más aún, de las minutas se desprende que, en lugar de que la ASR se colocara del lado de los empleados públicos y jubilados, cuyo patrimonio debe custodiar para asegurar el pago de pensiones, la agencia instruyó a sus abogados a unirse a los abogados de UBS, suscriptor principal de los POB, para rebatir los alegatos hechos en corte por el matrimonio Nazario Sosa.

“Del examen de las disposiciones de la Ley 447 surge claramente que la capacidad para demandar a nombre de la ASR fue otorgada por el legislador a la junta de síndicos”, reza la decisión de la jueza, en la que se agrega que tampoco podía aplicar en el caso la nueva Ley de Fideicomisos –que otorga capacidad para demandar a un fideicomisario (como sería un pensionado, por ejemplo)– porque esta entró en vigencia el año pasado, o sea, después del momento en que se emitieron los POB.

Acción contraria a Fortaleza

Fuentes de este diario aseguran que las acciones de Mayol para desalentar el litigio por parte de la ASR contra el sindicato de inversiones fueron contrarias a las instrucciones que este recibió de La Fortaleza.

Según las fuentes de este rotativo, la insubordinación de Mayol en el tema de los POB provocó el encono del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y del Palacio de Santa Catalina, y el exgobernador Luis Fortuño consideró remover a Mayol del cargo, pero desistió por los vínculos profesionales entre este y la cabildera Annie Mayol. Fortuño designó a Mayol administrador de la ASR y del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) en el 2009.

La administración Fortuño, a través de la ASR, contrató los servicios de la firma Conway MacKenzie para examinar los POB. La firma concluyó que la transacción no fue prudente y que se realizó sin evidencia que justificara su viabilidad. El informe dio pie a una pesquisa legislativa que concluyó que la transacción era ilícita.

Tanto la Oficina del Contralor como la Comisión de Intercambio y Valores (US Securities and Exchange Commission, SEC, en inglés) pesquisan la controversial transacción.