Como se pronosticaba... Aguacero de demandas...

Es interesante que como nuestro colega, Chemo ha indicado, las demandas sobre la ley de retiro van a llover...  Pues emieza ya a "chispear" la lluvia...


FUPO otra vez al Tribunal de Primera Instancia

Piden que la reforma de Retiro se declare inconstitucional.
 

El presidente de FUPO adelantó que se propone solicitar una reconsideración a la desestimación del mandamus y sentencia declaratoria de este lunes. (Archivo)
Por Maribel Hernández Pérez / maribel.hernandez@gfrmedia.com

El abogado Michael Corona Muñoz, representante legal del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), acudió este martes al Tribunal de Primera Instancia de San Juan con un recurso de interdicto y de sentencia declaratoria solicitando que se declare inconstitucional la Ley 3 de 2013, que reformó el Sistema de Retiro del Gobierno.
El grupo, integrado por 64 policías estatales, empleados civiles de la Policía y seis empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas, demanda al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Policía de Puerto Rico y a Héctor M. Pesquera, en su carácter personal y oficial como jefe policiaco.
Los demandantes, quienes ingresaron antes de abril de 1990 al servicio público, exigen al Tribunal que se declare inconstitucional la Ley 3 porque los despoja de manera retroactiva de sus derechos sin un debido proceso de ley, y que se prohíba su vigencia.



En la relación de hechos se establece que los demandantes tendrían derecho en la actualidad, bajo la ley anterior, a recibir una anualidad que equivale a un 75% de su salario promedio si cumplen 30 años de servicio público y cuentan con 55 años de edad. En el caso de que cuenten con los 30 años de servicio, pero no hayan cumplido la edad requerida les correspondería un 65% del salario promedio.
Sin embargo, los demandantes no llegarán a los 30 años de servicio ni los 55 años de edad antes del 30 de junio del 2013, cuando entra en vigor la Ley 3 al siguiente día, situación que los coloca en la disyuntiva de renunciar antes de la fecha límite o en algunos casos, hasta el 31 de diciembre de este año, o mantenerse empleado en el gobierno entre 2 a 17 años más, tener unas pensiones reducidas sustancialmente y sin contar con un plan médico.
“La aplicación retroactiva de la nueva ley no solo menoscaba derechos adquiridos, sino que deja a los demandantes sin ingresos suficientes para vivir conforme a sus proyecciones, además de despojarlos de beneficios esenciales como plan médico”, lee el documento legal.
El presidente de FUPO, Diego Figueroa, anticipó que de no prevalecer en los tribunales de Primera Instancia y en el Supremo con su reclamo contra la Ley 3, acudirán al tribunal federal en San Juan con un pleito por violación de derechos civiles.
“La importancia para nosotros es la siguiente. Vamos a llevar este caso gratuito, no le vamos a cobrar a nadie, vamos a llevar este caso a los socios y los que no son de FUPO. Este caso no lo vamos a dejar aquí, si finalmente el (Tribunal) Supremo no quiere respetar ni darle el valor a la Constitución. Cuando son derechos civiles se aplica la jurisdicción federal y nosotros vamos a ir hasta allá”, declaró Figueroa en entrevista con este medio.
Tres demandas solicitando que se declarara inconstitucional la ley que reformuló el Sistema de Retiro, las cuales se consolidaron y se desestimaron este lunes por la jueza Gisselle Romero García, fueron presentadas por empleados de la Oficina del Contralor, la Oficina de Administración de los Tribunales y un grupo de Policías de Puerto Rico.
El presidente de FUPO adelantó que se propone solicitar una reconsideración a la desestimación del mandamus y sentencia declaratoria de este lunes, pleito sometido el pasado 23 de abril en el Tribunal de San Juan.
“Esto está prejuzgado. El Tribunal Supremo tiene que expresarse realmente en fundamentos de la Constitución y no por lo que los bonistas quieren y que aunque Puerto Rico quede en cantos económicos con esta situación de retiro, que brille la Constitución por encima de todo. Es más fácil reconstruir a un país con una Constitución respetada que un país con una Constitución violada y ultrajada. Y nosotros esperamos que el Tribunal Supremo no le tenga miedo a eso”, afirmó Figueroa.
Otra demanda con el mismo objetivo fue presentada a nombre de 541 empleados de la Administración de Tribunales y del Fondo del Seguro del Estado (FSE), quienes anunciaron sus intenciones de solicitarle al Tribunal Supremo que reconsidere una resolución emitida el 11 de junio pasado, en la que decidió no acoger la jurisdicción en el caso en esta etapa inicial.
En su determinación del lunes, la jueza Romero García argumentó que a pesar de que la Ley 3 no caracteriza la crisis económica por la que atraviesa el país y el Sistema de Retiro de los empleados públicos como un estado de emergencia, como ocurrió bajo la Ley 7 del 2009, “el legislador sí concluyó que era necesario y razonable establecer unas medidas fiscales que permitieran la supervivencia del Sistema de Retiro y evitaran su colapso.

Que les dije...  Empiezan a lloviznar... Y el barrunto que  falta por llegar...


CPT demandará por Reforma de Retiro

Reclamará la inconstitucionalidad de la Ley
 

Villalba no entró en detalles sobre lo que haría diferente su pedido al que hicieron ya varias organizaciones.(luisalcaladelolmo@gfrmedia.com)
 
Por Frances Rosario / frances.rosario@gfrmedia.com
La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) someterá en los próximos días una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para reclamar la inconstitucionalidad de la Reforma de los Sistemas de Retiro del Gobierno.
Víctor Villalba, presidente de la CPT, dijo este jueves que este recurso legal cobijará a “miles” de empleados del sector público, entre ellos, de las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Edificios Públicos (AEP).
“Nuestros abogados están analizando y dicen que hay probabilidad de prevalecer”, afirmó Villalba, cuando se le cuestionó sobre la decisión de la jueza superior Giselle Romero García, quien desestimó varias demandas sometidas bajo el mismo argumento de inconstitucionalidad de la Ley 3 para reformar el Sistema de Retiro.
Villalba no entró en detalles sobre lo que haría diferente su pedido al que hicieron ya varias organizaciones de la Policía, así como empleados de la Oficina del Contralor, de la Rama Judicial, y de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, cuyas demandas fueron desestimadas la pasada semana.
Este grupo de organizaciones que no prosperó en primera instancia, adelantó que recurrirá al Tribunal Supremo para que evalúe la constitucionalidad de la ley.

Y llueve sobre mojado...  Oooootro pleito por la ley de retiro...  Agapito le va a tener que pedir un descuento grupal a los abogados amigos de la administracion porque si no van a guisar demasiado defendiendo este aborto legilativo...

Nueva demanda contra el Gobierno por la Ley de Retiro

Se unió la organización obrera Servidores Públicos Unidos
 
Por ELNUEVODIA.COM
La organización obrera Servidores Públicos Unidos (SPU) se unió a las organizaciones que demandan al Gobierno por la llamada reforma al Sistema de Retiro, al radicar el viernes pasado un reclamo legal a nombre de 2,406 empleados de 12 agencias que buscan impugnar la Ley 3, de 2013.
Mediante el recurso radicado el pasado viernes, también se solicita que se expida una orden de interdicto preliminar y permanente y que se ordene una vista rápida, para de esta forma evitar cualquier daño a los demandantes.
“Nuestro caso es muy sólido; radicamos esta demanda muy esperanzados en prevalecer en el foro judicial y detener la implantación de la nueva Ley 3 de Retiro. En esta demanda, presentamos, en dólares y centavos, el daño que esta (ley) le ocasiona a cada uno de los 2,406 demandantes y afiliados de SPU”, explicó Annette González, presidenta del organismo, en un comunicado.
González señaló que esta demanda contiene planteamientos diferentes a los expresados en las demandas anteriores, entre los que figura el que el mencionado estatuto no estuvo enmarcado en la declaración de una emergencia fiscal, como la la Ley 7.
“En Puerto Rico, actualmente no se ha declarado emergencia fiscal alguna; por el contrario, lo que ha salido públicamente y que es reconocido por el mismo gobierno; es el historial de mal manejo de fondos del Sistema de Retiro que no es responsabilidad del empleado público”, sentenció la líder sindical.
La demanda actual, que está en manos de la abogada laboral Genoveva Valentín Soto, según detalló González, cubre a empleados bajo la Ley 447 y la Ley 1, ambas de Retiro, quienes tienen derecho a una pensión definida según sus acuerdos contractuales y la Constitución del Estado Libre Asociado, en su Artículo II, sección 7.
“Nosotros destacamos en la demanda el hecho de que la Ley 3, a diferencia de las enmiendas anteriores a la Ley 447, es una con carácter retroactivo que trastoca dramáticamente los derechos de empleados cobijados bajo esta ley. Cuando se aprueba la Ley 1 por ejemplo, se aumentan los años de servicio a 40 y se reducen algunos beneficios, pero no los eliminó como lo hace la Ley 3 mediante el sistema híbrido”, sostuvo.
González destacó que muchos de los empleados del Gobierno planificaron su retiro “con la expectativa real" de su contrato, y en muchas ocasiones rechazaron ofertas de retiro temprano ante sus planes a largo plazo.
La SPU integra empleados del Departamento de la Familia, Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Asuntos al Consumidor, Instituto de Ciencias Forenses, Transportación y Obras Públicas, Comisión de Servicio Público, Administración de Corrección, Administración de Instituciones Juveniles, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Junta de Libertad Bajo Palabra, Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional.
El pasado jueves, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) anunció que sometería durante los próximos días una demanda en el Tribunal de Primera Instancia a los mismos efectos.
Víctor Villalba, presidente de ese sindicato, señaló que el recurso legal cobijará a “miles” de empleados públicos, entre ellos, de las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Edificios Públicos (AEP).
El lunes de la semana pasada, la jueza superior Giselle Romero García desestimó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sometida el 8 de marzo por 68 empleados públicos, tras la aprobación de la Ley 3.
Los demandantes exigían, de igual forma, que se declarara inconstitucional dicha ley, y pedía la implantación de un interdicto preliminar para detener su implantación.
Alegaban que el estatuto era inconstitucional debido a que alteraba la relación contractual con el Gobierno y que se afectaban de forma retroactiva derechos adquiridos al amparo de la Ley 447.

Esto es solo el comienzo de miles de demandas que el pueblo de PR va a perder en los tribunals!!!...Agapito podra atrazar el proceso de estos casos pero eventualmente se veran en el supremo y ahi se hara justicia!!!...solo que esa justicia le va a costar a un PR en quiebra un zafacon de dinero en compensaciones que no tiene ahora mismo!!!...Agapito es bruto con cojones , pero eso el pueblo lo sabia y aun asi lo eligieron gobernador!!!...ahora jodanse con el!!!